Islena Rey, Defensora de derechos Humanos. © 2009 Stephen Ferry

Washington, DC - Los gobiernos de Venezuela y Colombia deben investigar exhaustivamente e inmediatamente los recientes asesinatos, en el lado venezolano de la frontera entre los dos países, de diez personas por parte de un grupo armado sin identificar, afirmó hoy Human Rights Watch. El gobierno Colombiano también debe investigar plenamente otro atentado, en el departamento de Meta, contra una defensora de derechos humanos de larga trayectoria, señaló Human Rights Watch.

El 11 de octubre de 2009, hombres armados secuestraron a un grupo de personas cuando estaban jugando fútbol en el pueblo venezolano de Chururú, cerca a la frontera con Colombia. Se ha informado que los hombres armados retuvieron al grupo durante dos semanas y asesinaron a casi todos, incluyendo a ocho colombianos, un peruano y un venezolano. Un hombre sobrevivió y el paradero de otro no se conoce.

"El asesinato brutal de estos secuestrados lamentablemente encaja dentro del patrón de abusos sistemáticos por parte de grupos armados en el conflicto colombiano", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Venezuela y Colombia tienen que trabajar conjuntamente para asegurar que los culpables rindan cuentas ante la justicia y prevenir que ocurran más atrocidades terribles como ésta", agregó.

Algunos medios de comunicación en Colombia han citado al único sobreviviente conocido, un colombiano, quien habría declarado que un grupo armado bajo el mando de un hombre que se hacía llamar "Payaso" tuvo a las víctimas encadenadas y con candados en el cuello durante casi dos semanas en un campamento en la montaña. Dijo que Payaso acusó a las víctimas de ser reclutas de los paramilitares. Según el sobreviviente, el 23 de octubre, el grupo se llevó a los secuestrados a otro lugar, los obligó a arrodillarse y disparó varias veces contra ellos, dándolos por muertos.

Human Rights Watch también instó al gobierno colombiano a que investigue plenamente el atentado contra Islena Rey, defensora de los derechos humanos, ocurrido en el departamento colombiano de Meta el 17 de octubre. Según las informaciones iniciales, una persona abrió fuego desde la orilla contra la embarcación en la que viajaba la Sra. Rey junto con al menos dos personas más por el río Güejar, después de sostener reuniones con la comunidad en el pueblo de Puerto Toledo.

La Sra. Rey, quien resultó gravemente herida como consecuencia del atentado, es la única sobreviviente del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, una organización de derechos humanos que operaba en ese departamento en la década de 1990, pero cuyos líderes fueron asesinados, uno por uno, por grupos armados en esa época. En los últimos años, la Sra. Rey ha empezado a reconstruir el comité y ha viajado activamente por Meta, con frecuencia sola, para realizar investigaciones y prestar asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Human Rights Watch visitó Meta en marzo y tuvo la oportunidad de beneficiarse de los consejos y la asistencia de la Sra. Rey. Varias fuentes han atribuido el atentado contra ella a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además de la guerrilla, grupos sucesores de los paramilitares operan en la región, donde también existe una considerable presencia del ejército colombiano.

"Islena Rey ha demostrado una tremenda valentía al desempeñar su labor de defensa de los derechos humanos, prácticamente sola, en una de las regiones más difíciles de Colombia", señaló Vivanco. "Las autoridades colombianas tienen que identificar y capturar a los que la atacaron, y demostrar que no se tolerará la violencia contra defensores de los derechos humanos", agregó.

Fuente: Human Rights Watch