Raúl Castro habla durante un mitin en Camagüey, Cuba, en julio de 2007, un año después de que recibió el poder de su hermano enfermo, Fidel Castro (representado en el bajorrelieve en primer plano). © 2007 Jose Goitia/The New York Times/Redux Pictures

(Washington, DC) - El gobierno de Raúl Castro ha encerrado a decenas de personas por ejercer sus libertades fundamentales, y ha permitido que muchos otros presos políticos arrestados durante el gobierno de Fidel Castro continúen padeciendo las condiciones de su detención, afirma Human Rights Watch en un informe difundido el día de hoy. En lugar de desarticular la maquinaria represiva de Cuba, Raúl Castro la ha mantenido plenamente activa, señala el informe.

El informe de 123 páginas denominado "Un nuevo Castro, la misma Cuba " muestra que el gobierno de Raúl Castro se ha apoyado, en particular, en la disposición sobre "peligrosidad" del Código Penal, que permite a las autoridades encarcelar a las personas antes de que hayan cometido un delito, cuando existan sospechas de que pueden cometerlo en el futuro. Esta disposición sobre "peligrosidad" es netamente política, y define como "peligrosa" a cualquier conducta contraria a las normas socialistas de Cuba.

"Durante estos tres años en el poder, Raúl Castro ha sido tan implacable como su hermano", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Los cubanos que se atreven a criticar al gobierno viven bajo un temor constante, pues saben que pueden terminar en prisión tan sólo por expresar su opinión".

A partir de una misión de investigación llevada a cabo en Cuba y más de 60 entrevistas exhaustivas, Human Rights Watch documentó más de 40 casos de personas que fueron encarceladas por el gobierno en virtud de la disposición sobre "peligrosidad" por ejercer sus derechos básicos.

Ramón Velásquez Toranzo, quien inició una caminata pacífica a través de Cuba para exigir el respeto de los derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos, fue detenido y condenado a tres años de prisión por "peligrosidad" en enero de 2007.

Raymundo Perdigón Brito, un periodista que escribía artículos en los cuales documentaba los abusos del gobierno y los publicaba en sitios web extranjeros, fue condenado a cuatro años de prisión por "peligrosidad" en diciembre de 2006. Ha recibido reiteradas golpizas por parte de los guardias y ha sido sometido a reclusión en régimen de aislamiento.

El gobierno de Raúl Castro también recurre a otras tantas leyes excesivamente severas para acallar la libertad de expresión, suprimir los derechos laborales y penalizar todas las formas de disenso. Los defensores de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil que son juzgados en virtud de estas leyes son objeto sistemáticamente de violaciones del debido proceso, como interrogatorios abusivos, denegación de asistencia letrada y juicios que no son más que una parodia.

Alexander Santos Hernández, un activista político que fue condenado a cuatro años de prisión por "peligrosidad" en 2006, dijo a Human Rights Watch, "[La policía] me sacó a las 5:50am mientras dormía, y a las 8:30am ya me estaban dictando la sentencia". A Santos no se le permitió consultar a un abogado, y la sentencia tenía fecha de dos días antes al día en que efectivamente se llevó a cabo su juicio.

Los presos políticos son sometidos a abusos generalizados, como reeducación ideológica forzada, reclusión en régimen de aislamiento por períodos prolongados y denegación de tratamiento médico en casos de enfermedad grave.

Además de encarcelar a los disidentes, el gobierno de Raúl Castro también impone el consenso político mediante golpizas, detenciones por períodos breves, actos públicos de repudio y denegación de trabajo, entre otras tácticas. En conjunto, estas formas habituales de represión generan un clima de temor que inhibe fuertemente el ejercicio de los derechos fundamentales en la sociedad cubana.

El defensor de derechos humanos Rodolfo Bartelemí Coba señaló a Human Rights Watch en marzo de 2009: "Vivimos las 24 horas del día pensando que podemos ser detenidos". Diez días después de realizar esta declaración, Bartelemí fue arrestado y trasladado a prisión, donde permanece hasta el momento.

Las medidas del gobierno estadounidense destinadas a impulsar cambios a través de un embargo indiscriminado han demostrado ser una decisión costosa y equivocada, señaló Human Rights Watch. El embargo ha impuesto profundas privaciones a la totalidad del pueblo cubano, y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. En lugar de aislar a Cuba, esta política ha aislado a Estados Unidos y ha logrado que Washington perdiera el apoyo de posibles aliados.

"Pese a los nuevos líderes en La Habana y en Washington, Cuba continúa suprimiendo el disenso, mientras que Estados Unidos impulsa la misma política infructuosa de embargo", señaló Vivanco. "Como siempre, es el pueblo cubano quien paga el costo".

"Un nuevo Castro, la misma Cuba" recomienda al gobierno de Obama conseguir que la Unión Europea, Canadá y los aliados de América Latina se comprometan a ejercer presión conjunta sobre Cuba para que esta cumpla una única demanda concreta: la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos en el término de seis meses.

Entre estos se encuentran los 53 presos que padecen la privación de su libertad desde la ola represiva que tuvo lugar en 2003 por orden de Fidel Castro, así como decenas de personas que fueron encarceladas por "peligrosidad" durante el gobierno de Raúl Castro.

Una vez alcanzado este compromiso conjunto, el gobierno estadounidense debería poner fin a su frustrada política de embargo, afirmó Human Rights Watch.

Si el gobierno de Raúl Castro no cumple esta condición, los miembros de la coalición multilateral deberían imponer sanciones específicas, como prohibir que los funcionarios del gobierno puedan viajar o postergar nuevas formas de inversión extranjera. Estas medidas deberían ser suficientemente importantes como para que tengan un impacto real en el gobierno cubano, y no causar padecimientos a la población cubana en general, señaló Human Rights Watch.

Fuente: Human Rights Watch