Dina Meza vive los derechos humanos y habla de ellos en todas las oportunidades que se le ofrecen. Como periodista, activista y miembro de Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas del país, sabe demasiado bien lo que significa trabajar sobre un asunto que no siempre goza de popularidad entre las autoridades.

Los últimos cinco meses han sido especialmente difíciles para Dina y sus colegas de COFADEH. Sus miembros han pasado innumerables días y noches recogiendo testimonios de amenazas, hostigamiento, palizas policiales, detenciones arbitrarias, malos tratos y homicidios en todo el país. Después la organización presenta peticiones de hábeas corpus y otros recursos legales en nombre de las personas afectadas por la represión.

En uno de los incidentes más graves, el 23 de septiembre, la policía lanzó botes de gas lacrimógeno al interior de su oficina en Tegucigalpa, cuando Dina y otros colegas se encontraban allí. El mensaje de los que habían tomado el poder estaba claro: defender los derechos humanos era parte del problema, no la solución.

Dina cree que el problema subyacente en Honduras es la ausencia de justicia que prevalece desde la década de los 80, cuando centenares de personas murieron o desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad hondureñas.

“Las generaciones que sufrieron la represión de los 80 -los hombres y mujeres que fueron víctimas de homicidio y desaparición y cuyos familiares todavía no han logrado que se haga justicia-, toda esta impunidad acumulada y los autores de abusos contra los derechos humanos que se pasean tranquilamente por las calles en Honduras, todo esto tiene que ver con lo que está pasando ahora. Nos enseña que cuando la represión no se castiga, vuelve a ocurrir”, afirmó Dina.

“Tememos represión judicial, represión policial, represión militar. ¿Qué significa esto? Hay que reformar y volver a constituir todas estas instituciones y empezar de nuevo, con un nuevo procedimiento.”

Fuente: Amnistía Internacional