Más de tres años después de los atentados del 11 de marzo de 2004, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan desarticulando redes yihadistas en nuestro país. Durante este tiempo los medios de comunicación han venido prestando atención a las operaciones policiales de cierto calado y, en los últimos meses, también han logrado espacio informativo las proclamas yihadistas a favor de la recuperación de Al-Andalus. Parece claro que España sigue amenazada por el terrorismo yihadista pero la capacidad de real de estos grupos para volver atentar resulta un tanto confusa.

Bolivia corre el riesgo de que se reanuden la confrontación y la violencia en la medida en que el gobierno del presidente Evo Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) buscan incluir vastas reformas estatales en una nueva Constitución. Sus propuestas han sido duramente criticadas en la Asamblea Constituyente (AC) por líderes de la oposición que representan a las tierras bajas del oriente y a las clases medias urbanas, y la disputa está ahondando la brecha en un país ya de por sí polarizado. La vigencia de la AC se extendió hasta el 14 de diciembre de 2007, pero el tiempo corre en contra de los asambleístas. En los próximos cuatro meses, los líderes políticos de Bolivia tienen que entablar un diálogo de amplio alcance con el fin de lograr un consenso nacional sobre temas fundamentales.

Este informe examina las raíces de la inestabilidad y las primeras medidas que ha tomado el gobierno con miras a lograr un cambio político y socioeconómico de largo alcance. Correa, un economista joven que durante poco tiempo ocupaba el cargo de ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio (2005-2007) y era prácticamente desconocido en el terreno político, llegó al poder con el apoyo de un movimiento político iniciado por intelectuales de izquierda después de la caída del presidente Lucio Gutiérrez en abril de 2005.

El informe de 45 páginas se encuentra acompañado de una extensiva presentación audiovisual. El informe documenta el impacto que tiene el uso de minas antipersonal por parte de las guerrillas en Colombia sobre la población civil, así como las dificultades que enfrentan los sobrevivientes civiles para tener acceso a la asistencia que ofrece el gobierno

El desmantelamiento del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 2003 y el 2006 es percibido por el gobierno del presidente Álvaro Uribe como un paso decisivo hacia la paz. Aunque el hecho de haber sacado del conflicto a cerca de 32.000 miembros de las AUC ha alterado sin duda el panorama de la violencia, existe evidencia cada vez más fuerte del surgimiento de nuevos grupos armados que son más que las simples “bandas criminales” que contempla el gobierno. Algunos de ellos se comportan cada vez más como la nueva generación de paramilitares, y exigen una respuesta más inmediata e integral por parte del gobierno.