Ejercer el periodismo en Colombia y América Latina es una actividad riesgosa. Los periodistas, al igual que los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, los desplazados, entre otros, han sido sectores tradicionalmente afectados por el conflicto armado. Por ello, el Estado tiene una obligación de especial protección sobre ellos. Pese a esta garantía constitucional la situación de los periodistas colombianos sigue siendo vulnerable: Colombia es el país de América Latina con más asesinatos de periodistas por razones del oficio en los últimos 30 años.

Entre 2003 y 2006, el gobierno colombiano implementó un proceso de desmovilización de 37 grupos armados que integraban la violenta y mafiosa coalición paramilitar conocida como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Según el gobierno, el proceso fue exitoso, ya que más de 30.000 personas participaron en ceremonias de desmovilización, se comprometieron a cesar actividades delictivas y se sumaron a programas de reinserción que les ofrecían capacitación, empleo y estipendios. Desde entonces, el gobierno ha afirmado en reiteradas oportunidades que ya no existen paramilitares en Colombia. Sin embargo, poco después de la finalización del proceso de desmovilización, surgieron grupos sucesores en todo el país que continuaron las actividades delictivas que anteriormente habían desarrollado grupos bajo el mando de las AUC.

Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,2 millones de personas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.

Este informe de 76 páginas detalla la participación de abusos militares contra más de 70 víctimas, incluyendo casos a partir de 2007 y 2008. Los abusos incluyen matanzas, torturas, violaciones y detenciones arbitrarias. Ninguna de las investigaciones militares sobre estos crímenes ha econtrado a un solo soldado culpable de violaciones a los derechos humanos. La única investigación civil en estos casos llevó a la condena de cuatro soldados.

En junio de 2008, Honduras apoyó la resolución sobre “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género,” aprobada unánimemente por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Honduras, junto con el resto de la OEA, expresó su preocupación frente a los actos de violencia cometidos en contra de las personas por su orientación sexual e identidad de género y se comprometió públicamente a ponerles fin.