En un país amenazado por el terrorismo, como el nuestro (Colombia), los servicios de inteligencia del Estado cumplen un papel vital de defensa.

Estamos asistiendo en Colombia a un divorcio muy extraño: el que se está creando entre la opinión pública y muchos de quienes en la prensa hablada y escrita creen representarla.

El mejor ejemplo de esta profunda desavenencia está simbolizado por la imagen agradecida y muy favorable que la gran mayoría de los colombianos guarda del presidente Álvaro Uribe y la que hoy de él furiosamente intentan ensombrecer muchos columnistas. Poco les falta para que, con el apoyo de las ONG y los colectivos de abogado de siempre, acaben haciéndolo responsable de delitos de lesa humanidad.

Por lo pronto, la distorsión más escandalosa que uno advierte en estos colegas tiene que ver con las famosas 'chuzadas'. Comparto con Francisco Santos la certeza de que el presidente Uribe nunca las autorizó. Pero me atrevo a hacer esta pregunta: ¿Dónde estaría el supuesto delito cometido en este campo por los funcionarios del DAS? En un país amenazado por el terrorismo, como el nuestro, los servicios de inteligencia del Estado cumplen un papel vital de defensa. Y uno de sus recursos de investigación y control es la intercepción de comunicaciones telefónicas. O las 'chuzadas', si así quieren llamarlas. Son prácticas propias de los servicios de inteligencia en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Israel y en otros países más de claro perfil democrático. No son vistas allí como una amenaza a la democracia, ni como un atentado a los derechos humanos, sino como la manera más eficaz de impedir la sigilosa penetración del terrorismo y del narcotráfico en las entrañas mismas del Estado.

Oigo ya los gritos de protesta por estas afirmaciones.

"¿Cómo puede aceptarse -dirán muchos comentaristas- que magistrados, senadores o periodistas sean espiados? ¿No es acaso una violación de su vida privada? Entiendo que a primera vista ello suscite alarma. Pero si se advierte que hay ofertas indebidas a falsos testigos, si se comprueba que ciertos magistrados han aceptado invitaciones y prebendas de personajes nada recomendables o que senadores y periodistas llegan como Pedro por su casa a los campamentos guerrilleros y aparecen a título de colaboradores y amigos en los correos de 'Reyes' o del 'Mono Jojoy', convertir en delincuentes a quienes han decidido seguir sus pasos es francamente injusto.

No logro ver a nuestros magistrados de la Corte Suprema como santas víctimas de persecuciones. Me basta recordar los atropellos cometidos por la CSJ con personajes como el coronel Alfonso Plazas, Álvaro Araújo, Mario Uribe, Gómez Gallo, Ciro Ramírez, Jorge Noguera y muchos otros condenados o detenidos con base en testimonios nada fiables, cuyo caso he seguido de cerca. Tales medidas o fallos sólo se explican por la guerra que la máxima instancia judicial de Colombia libra contra el ex presidente Uribe.

Se ha hablado de crear "la era o el gobierno de los jueces", o sea la configuración de un nuevo estilo de poder que busca imponerse sobre el Ejecutivo y el Legislativo. Algo nunca antes visto entre nosotros. ¡Ojo, doctora Viviane Morales! A usted le va a corresponder impedir desvíos y atropellos que pueden afectar nuestra vida democrática.

Hay que impedir que rencores o desviaciones ideológicas sigan fabricando falsos culpables y dejando caer una lluvia de satánicas impugnaciones sobre el ex presidente Álvaro Uribe -un gran mandatario, digan lo que digan-. Pero es un hecho que, a propósito suyo y de los errores cometidos por el Poder Judicial, solo de tarde en tarde se revelan verdades en las páginas de opinión de diarios y revistas. Para descalificarlas, suelen ser presentadas como una vituperable expresión de la derecha, cuando se trata de realidades que el país conoce de sobra.