En septiembre fueron arrestadas en México tres personas que estaban escondidas en Mérida a quienes vinculaban con Hezbolá, el partido político islámico que nació en Líbano en 1982, considerado por varios países como un grupo terrorista. Uno de ellos, Raffic Labboun, nacido en Líbano y naturalizado estadounidense, fue identificado como el líder de Hezbolá en esta ciudad, donde había estado preso por fraude vinculado con el financiamiento de esa organización. Las noticias sobre ellos fueron efímeras y su detención no provocó mayor alarma en México, y rápidamente fueron deportados a Houston, donde se encuentran presos.

Su arresto fue parte de una secuencia que en algunos círculos estadounidenses ha provocado preocupación por la creciente presencia de miembros de organismos islámicos en México y su cada vez mayor vinculación con cárteles de la droga en América Latina. "El nexo entre las drogas y el terror está creciendo a la velocidad de la luz", dijo en foro en el Instituto Washington en julio de 2008 el ex jefe de Operaciones de la DEA, Michael Braun, al ventilar abiertamente la relación entre cárteles de la droga y grupos terroristas del Medio Oriente y asiáticos. "De 43 organizaciones consideradas terroristas, la DEA ha vinculado a 19 a una parte del negocio mundial de las drogas".

Braun recordó que la región latinoamericana más identificada con estos lazos es la llamada Triple Frontera, que conforman Argentina, Brasil y Paraguay, donde Hezbolá y Hamas -que gobierna Gaza-, cree, obtienen un millón de dólares anuales de la venta de drogas. Desde mediados de esta década aseguran en Estados Unidos que esos dos grupos sentaron base en Chiapas. Un reporte del Comité de Seguridad Territorial de la Cámara de Diputados en 2007 afirmó que miembros de Hezbolá vivían en México, y varios testimonios en el Capitolio subrayan su presencia en el contrabando humano en ese país desde 2002.

El caso de Labboun y sus acompañantes no son una excepción en una de las batallas más silenciosas que han librado las autoridades mexicanas en colaboración con las estadounidenses en los últimos años. Tres meses antes de ser detenido, Ayman Joumma, que tenía pasaportes libanés y colombiano, identificado como enlace con Los Zetas que llevaba droga de Colombia a México como parte del fondeo de Hezbolá, fue acusado en un tribunal federal de Virginia por conspiración para distribuir drogas y participar en acciones potenciales de lavado de dinero. A principios de mayo pasado, un ex soldado del ejército sirio, Jamal Yousef, admitió ser culpable de proveer armas a las FARC a cambio de cocaína. Su caso se ventiló en una corte de Nueva York, donde circularon documentos que mencionaban que las armas las guardaba un miembro de Hezbolá en México relacionado a Los Zetas.

Hace cuatro meses, un iraní con nacionalidad estadounidense, Mansour Arbabsiar, acusado de manejar una red "terrorista global" entre Teherán y México encabezada por las Guardias Revolucionarias de Irán, aceptó ser culpable de haber intentado pagar a Los Zetas para que asesinaran al embajador de Arabia Saudita en Washington. La alarma, aún no extrapolada a los medios de comunicación, se ha venido fortaleciendo con la sospecha de varias policías de los estados fronterizos que encuentran similitudes en la elevada sofisticación de los narcotúneles con el expertise de Hezbolá, y con el tipo de dispositivos que están utilizando en los coches bombas.

Los reportes de la creciente huella de Hezbolá en México no ha sido tomada muy en serio en México, pero en septiembre pasado, se presentó una iniciativa de Ley en el Senado de Estados Unidos –aprobada por el Congreso- para diseñar una estrategia que contrarreste la presencia de Irán en América Latina, en la cual los nombres de Hezbolá y su vinculación con Los Zetas aparece por todos lados. Incluye la urgencia de que Estados Unidos trabaje con México en forma muy estrecha, con lo que pretenden incorporar al gobierno de Enrique Peña Nieto en el escenario de conflicto con Irán que se viene construyendo en este país. Arrastrar a México en esa polarización es el riesgo inminente de la estrategia en Washington, aunque el gobierno mexicano, todavía, no quiera verlo.