En su último informe, Justicia a prueba en Guatemala: el caso Ríos Montt , International Crisis Group examina el juicio contra el general y ex presidente José Efraín Ríos Montt y temas más amplios relacionados con el sistema judicial del país. Nunca antes un ex jefe de estado había sido procesado por genocidio en las cortes de su propio país. El resultado de este histórico caso está aún en el aire. Justo diez días después de que el tribunal a cargo del juicio condenara a Ríos Montt en mayo, la Corte Constitucional anuló la sentencia. Un nuevo juicio podría reavivar las esperanzas de que Guatemala es capaz de hacer justicia para las víctimas de un conflicto armado brutal. Está en juego su habilidad de enfrentar abusos del pasado y defenderse de las actuales amenazas a la independencia judicial y al estado de derecho.

Los principales hallazgos y recomendaciones de este informe son:

• La abrupta anulación de la sentencia genera dudas sobre interferencias externas, particularmente por parte de intereses económicos y políticos poderosos. Las autoridades judiciales deben ahora acelerar el inicio de un nuevo juicio y continuar juzgando a otros responsables de violaciones masivas a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.
• El juicio evidenció serias fallas en el sistema judicial de Guatemala. Las acciones de amparo continúan siendo usadas en el sistema legal guatemalteco para dilatar los veredictos finales. El poder judicial debe asegurar su uso correcto y rechazar peticiones que solo sirven para obstruir los juicios.
• El gobierno debe apoyar a la fiscal general así como a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en sus investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y conspiraciones criminales.
• El gobierno necesita despolitizar el proceso de selección para una nueva Corte Suprema y el de tribunales de apelación, así como para elegir a la persona que ocupará el cargo de fiscal general. Se deben tomar medidas urgentes para asegurar que el proceso sea transparente e incluyente, reflejando la diversidad de la población de Guatemala, y no solo los intereses de los sectores política y económicamente poderosos.

“El pueblo indígena Maya, que fue masacrado y victimizado en gran número, ha esperado 30 años por justicia. El resultado de este caso enviará un fuerte mensaje sobre el estado de derecho en la aún frágil democracia de Guatemala”, dice Mary Speck, analista senior de Crisis Group para Guatemala.

“El juicio a Ríos Montt es un intento histórico por establecer responsabilidades individuales de alto nivel para una de las más serias violaciones a los derechos humanos jamás ocurridas en América Latina”, dice Louise Arbour, presidenta de Crisis Group. “Su adecuado desarrollo mostraría al mundo, y más importante aún, a los propios ciudadanos guatemaltecos, que los líderes políticos y las cortes del país son capaces de garantizar que el estado de derecho protege a todos, incluyendo a los más vulnerables, y juzga a todos por igual, incluyendo a los más poderosos”.