El gobierno español anunció el martes que pedirá algunas precisiones al juez que acusó a Venezuela de amparar una alianza estratégica entre ETA y la guerrilla colombiana de las FARC.

Además, el ejecutivo reveló que ya ha enviado el auto judicial a las autoridades cubanas y venezolanas para su análisis, mientras la oposición dijo que insultar a España le está saliendo gratis al presidente Hugo Chávez.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, señaló que la cancillería solicitará al magistrado Eloy Velasco alguna aclaración técnica sobre el contenido de su escrito, que establece una presunta relación del gobierno de Chávez con la organización separatista vasca y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores se va a dirigir al juez que ha dictado el auto porque tiene alguna imprecisión, necesidad de alguna precisión técnica, para que él mismo nos diga en qué términos se establece", señaló Caamaño en el Congreso de los Diputados.

El titular de Justicia no indicó a qué imprecisiones se refería, pero sí subrayó que, una vez resueltas las dudas, el gobierno socialista colaborará de manera intensa con el juez Velasco en el caso de que necesite enviar comisiones rogatorias a Venezuela o a cualquier otro país para tomar declaración a algún sospechoso.

Caamaño también aclaró que el documento judicial ya fue remitido a Cuba y Venezuela a través de las respectivas embajadas de España para el estudio de sus autoridades. El magistrado pidió en su auto de la semana pasada la localización y detención de siete miembros de la FARC, casi todos en paradero desconocido, y seis activistas etarras, la mayoría refugiados en Cuba y Venezuela, según Velasco.

Precisamente, la polémica con Venezuela y también con Cuba, en este caso por la muerte del disidente Orlando Zapata, centró el miércoles la habitual sesión de control al gobierno en el Congreso.

El líder del conservador Partido Popular, Mariano Rajoy, reiteró su petición de convocar al embajador de Venezuela en España para expresar por escrito el malestar con las críticas de Chávez a algunas autoridades españolas. Además, solicitó una comparecencia parlamentaria del canciller Miguel Angel Moratinos para dar cuenta de esa supuesta colaboración de Venezuela con ETA y las FARC.

"Si no, se puede transmitir la sensación de que insultar a España o a su gobierno es gratis", subrayó Rajoy.

Zapatero aclaró que cada vez que algún dirigente venezolano ha hecho alguna "declaración inaceptable", el gobierno ha salido en defensa de los intereses nacionales "en los términos adecuados". Sin entrar en las acusaciones del magistrado Eloy Velasco, insistió en que su política hacia Venezuela y otros países es la de no dejar ni un solo resquicio de apoyo a ETA.

En cuanto a Cuba, el jefe del ejecutivo socialista manifestó que la lucha por los derechos humanos es una prioridad absoluta y señaló que su política de diálogo con el gobierno de Raúl Castro busca "ser útil".

Además, remarcó que sigue trabajando en el caso de algunos disidentes, aludiendo al caso del periodista cubano en huelga de hambre Guillermo Fariñas, quien recientemente rechazó una oferta de asilo político en España.

Por su parte, Rajoy reclamó más gestos de cara a la oposición cubana y que, por ejemplo, se les invite a la fiesta nacional española del 12 de octubre en la embajada de La Habana, como ocurría durante la presidencia de José María Aznar (1996-2004).

Además, solicitó que la Cruz Roja internacional supervise las cárceles cubanas y exigió Zapatero que no intente modificar durante su presidencia rotatoria de la Unión Europea la llamada Posición Común, un texto vigente desde 1996 que condiciona las relaciones plenas entre Bruselas y La Habana a cambios en el sistema comunista de la isla.

Fuente:LaVozArizona.com