¿El sistema interamericano de derechos humanos sobrevivirá en enero de 2012? Es la cuestión que se planteará, entre otras cosas, ese día en la reunión de embajadores del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Lejos de ser un ajuste administrativo, la reforma del funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobaría la deplorable ofensiva política de algunos Estados contra una de sus instancias, gran soporte de la defensa de las libertades públicas en el continente: la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

"Es claro que necesitamos un nuevo sistema interamericano. La OEA ha sido históricamente capturada por los intereses norteamericanos […] Sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable”, declaró hace poco el presidente ecuatoriano Rafael Correa, promotor de la reforma. ¿Realmente? ¿Desde cuándo? La fórmula subraya, en todo caso, la dimensión política de la elección que habrá que hacer. La reforma, elaborada por un Grupo de Trabajo creado el 29 de junio 2011 por la misma OEA a petición de los Estados concernidos, se basa en tres propuestas que parecen inofensivas. Pero se trata sólo de una apariencia:

Visibilidad. Financiamiento. Independencia. Pilares vitales para una institución, pilares que esta reforma intenta echar por tierra, uno tras otro. Pretender que tales recomendaciones sólo responden a la necesidad de racionalizar el funcionamiento de la CIDH no resiste el análisis.

Respecto a la primera propuesta, se sobreentendería que el detallado documento anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sería en el “mejor” de los casos inútil, y en el peor, inadecuado. ¿Un informe anual nutrido y argumentado, valdrá menos que un resumen lapidario del estado de la libertad de informar a escala continental, que no tendría en cuenta las importantes variaciones que existen entre un país y otro? ¿Valdría menos que un resumen perdido en una síntesis general negociada entre siete relatorías con diferentes atribuciones? El método no favorece una información completa y transparente que la opinión pública considere deseable.

La incongruencia de esta primera propuesta difícilmente enmascara la perversión de la segunda. Recabando sus propias subvenciones, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión puede financiar, entre otros, su informe anual. ¿El informe representa un problema? ¡Suprimamos el financiamiento! Los Estados pagarán en la medida de sus recursos y, una parte, que se considere “adecuada”, se destinará a la molesta Relatoría Especial, que será demasiado pobre para emprender misiones en los lugares de los hechos o convocar audiencia en las cuales se encuentran funcionarios estatales con ciudadanos y ONG. ¿Eso es lo que se pretende?

Sí, si creemos en la tercera propuesta, en la que el “Código de Conducta” - cuando un reglamento de la CIDH ya se aplica- resurge como mampara de una censura real. Una relatoría, incluso empobrecida, aún puede difundir comunicados o hacer recomendaciones a los Estados miembros en caso de violaciones manifiestas de las libertades fundamentales. Aunque debilitada, todavía alza la voz. ¡Callémosla! Si estas tres propuestas o una de ellas (sobre todo de las dos últimas) son adoptadas el 25 de enero de 2012, la relatoría más joven de la OEA será la primera en morir. Sacrificada, al cabo de quince años, a los caprichos de gobiernos incapaces de distinguir la crítica del complot, una postura ideológica de una regla de derecho. Porque de eso se trata.

La neutralización, sin decirlo, del informe de la Relatoría Especial, no es producto del azar, ni de tiempo ni de lugar. La iniciativa proviene de un gobierno ulcerado porque la unanimidad se pronunció contra él, más allá de su territorio, cuando ha respondido de la peor manera a los ataques -en ocasiones injustos y extremos- de la “gran” prensa de su país. Multa exorbitante contra un diario y penas de prisión efectiva contra sus representantes, son tanto un aliciente a la autocensura, como un revés a la jurisprudencia interamericana. La Relatoría Especial sólo ha actuado para garantizar este derecho en el continente, pugnando por la despenalización de los delitos de prensa en Ecuador, y en otros países. Asimismo, desempeñaba su papel recordando a un poder ejecutivo que reivindicaba su “derecho al honor”, argumentando el delito de “injurias calumniosas”, que tal derecho también concierne a tantos periodistas, ciudadanos y representantes de ONG, con frecuencia considerados enemigos e injuriados en mensajes oficiales en cadena. En Ecuador, y en otros países.

No era necesario que la polarización que se vive en varios países de la región llegara hasta las instancias interamericanas. Peor aún, las propuestas ecuatorianas permitirían ocultar los balances de otros países, donde profesionales de la información, periodistas de medios comunitarios, defensores de los derechos humanos o simples usuarios de Internet pagan su valor con su vida. Como México, devastado en cinco años de ofensiva federal contra el narcotráfico; como Honduras, minado por la violencia generada tras el golpe de Estado de junio de 2009. A falta de la Relatoría Especial, ¿quién se preocupará en nombre de la OEA por la protección de estas víctimas?

La soberanía nacional convertida en dogma se adapta mal a una vigilancia ciudadana que ya no conoce fronteras y reclama interlocutores internacionales. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA tiene más que nunca razón de ser. Conservando su capacidad actual, los Estados miembros probarán que no temen una ciudadanía universal y adulta.

Fuente: Reporteros Sin Fronteras