Las autoridades de Perú deben llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial del asesinato de cinco civiles durante las protestas violentas contra las actividades mineras en la región de Cajamarca. Las autoridades también deben investigar las circunstancias en que tuvo lugar la detención de un activista ambiental, Marco Arana, y el trato que recibió durante su detención.

El 3 de julio de 2012,en la ciudad de Celendín, tres civiles fallecieron por heridas causadas con armas de fuego durante un enfrentamiento entre manifestantes y unidades de la policía y el ejército, frente a la municipalidad. Además, hubo más de 30 civiles heridos, y varios de ellos presuntamente sufrieron heridas de bala, según lo informaron funcionarios de los hospitales locales. El gobierno declaró el estado de emergencia en tres de las provincias del departamento de Cajamarca.

“El estado tiene la responsabilidad de proteger a las personas de la violencia y de juzgar a los manifestantes que hayan cometido actos violentos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Pero aun cuando los funcionarios de seguridad pública estuvieranrespondiendo a actos de violencia, el uso de la fuerza letal debe ser exhaustivamente investigado para determinar si la policía o los soldados actuaron de manera lícita”.

Durante varios meses, en Cajamarca hubo huelgas y protestas contra una importante mina de oro a cielo abierto. Según lo informaron los medios de comunicación, los hechos de violencia del 3 de julio comenzaron cuando un grupo de trabajadores de la construcción que formaban parte de un proyecto de construcción de escuelas protestaba por la falta de pago de sus salarios. Las personas fallecidas el 3 de julio -Faustino Silva Sánchez, José Eleuterio García Rojas y César Medina Aguilar, un estudiante de escuela secundaria de 17 años- parecen haber recibido disparos después de que las unidades del ejército intervinieron en apoyo de la policía. Otro civil, José Antonio Sánchez, que sufrió lesiones graves al recibir un bala en la garganta, falleció en un hospital el 5 de julio.

Joselito Vásquez Jambo fue asesinado el 4 de julio en un enfrentamiento entre manifestantes y la policía en la ciudad de Bambamarca, en circunstancias que aún no han sido claramente determinadas.

El Ministerio del Interior señaló, en una declaración pública, que dos policías que estaban custodiando la municipalidad de Celendín habían recibido disparos en las piernas por parte de manifestantes que intentaban ingresar al edificio por la fuerza, y culpó a los líderes de las protestas por los hechos de violencia. Según afirmó el ministro, tres soldados también sufrieron heridas graves.

Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley exigen que los funcionarios de seguridad pública, en el desempeño de sus funciones y en la mayor medida posible, utilicen medios no letales antes de usar armas de fuego en las protestas violentas. Cuando el empleo de las armas de fuego es inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ejercer la moderación y actuar en proporción a la gravedad del riesgo que enfrentan.El cumplimiento del objetivo legítimo requiere reducir al mínimo los daños y las lesiones y proteger la vida humana.

Arana, a quien los políticos acusan de liderar las protestas sobre minería, fue detenido el 4 de julio por aproximadamente 40 policías equipados con escudos para motines y bastones cuando se encontraba sentado en un banco, en la plaza principal de la ciudad de Cajamarca. Según lo relató su abogado ante los medios de comunicación, los policías no exhibieron una orden de detención ni le explicaron cuál era el motivo del arresto. Además, manifestó que los policías lo habían golpeado en reiteradas oportunidades, tanto durante la detención como en la estación de policía. Fue liberado en las primeras horas de la mañana del 5 de julio, cuando un funcionario de la Fiscalía de la Nación determinó que no había razones lícitas para que permaneciera detenido.

“Aun en estado de emergencia, la detención de personas solamente está justificada cuando existen motivos lícitos, y la prohibición de maltratar a los detenidos sigue siendo absoluta”, afirmó Vivanco.