El gobierno peruano debería adoptar medidas para prevenir el uso ilegítimo de la fuerza letal por miembros de las fuerzas de seguridad durante operativos de control de manifestaciones públicas, señaló hoy Human Rights Watch en una carta dirigida al Presidente Ollanta Humala. Durante el primer año de la presidencia de Humala 15 civiles murieron durante protestas, aparentemente por disparos de la fuerza pública.

Una investigación llevada a cabo por Human Rights Watch en relación a uno de los casos más graves y recientes-vinculado con la muerte de cuatro civiles por disparos durante una protesta el 3 de julio de 2012 en Celendín, Cajamarca- recabó evidencias que sugieren de una manera convincente que las muertes fueron provocadas por el uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad.

Human Rights Watch también manifestó su preocupación respecto de un proyecto legislativo que podría ser aprobado por el Pleno del Congreso y que autorizaría el uso de la fuerza letal en situaciones que no están contempladas por el derecho internacional.

“Cuando se producen hechos de violencia durante manifestaciones públicas, las autoridades tienen la obligación de restablecer el orden, pero deben además respetar plenamente los derechos de los manifestantes y transeúntes por igual”, indicó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Si bien su trabajo puede ser realmente difícil, esto no justifica que actúen de manera irregular. La Policía debería recibir las herramientas y el entrenamiento que necesita para proteger a sus miembros y a terceros de actos de violencia, y debería rendir cuentas por su actuación cuando sean sus propios agentes quienes apliquen la violencia de manera ilícita”.

El 3 de julio, cuatro civiles murieron y 16 resultaron heridos a causa de los disparos efectuados cuando policías y soldados en Celendín dispersaban a un grupo de manifestantes que repudiaba un proyecto de extracción de oro que afectaría su acceso al suministro de agua. A pesar de que la protesta se había iniciado en forma pacífica, los disturbios comenzaron cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza al edificio municipal. El Ministerio del Interior anunció a través de un comunicado de prensa que un soldado y dos policías que custodiaban la sede municipal habían recibido impactos de bala en las piernas. Según versiones de la prensa local, los manifestantes también arrojaron piedras y artefactos pirotécnicos de fabricación casera contra las fuerzas de seguridad.

Conforme al derecho internacional, el uso de armas de fuego contra los manifestantes únicamente habría sido admisible si quienes dispararon creían razonablemente que debían hacerlo para evitar que ellos o terceros sufrieran lesiones graves o perdieran la vida.

Las pruebas recabadas por Human Rights Watch sugieren de manera convincente que las fuerzas de seguridad no se enfrentaban a una amenaza inminente en el momento en que se produjeron los disparos mortales. Según varios testigos y la información consignada en los registros hospitalarios, los manifestantes fueron heridos de bala más de una hora después del momento en que el soldado y los policías habrían sido heridos. Los residentes que presenciaron el momento en que dos de estos civiles eran abatidos dijeron que las víctimas se encontraban en la vía pública observando pasivamente los acontecimientos cuando fueron alcanzadas por los disparos.

Los soldados intervinieron masivamente luego de que la policía perdiera el control de la situación en Celendín, principalmente porque se agotaron los gases lacrimógenos, según indicó a Human Rights Watch el más alto jefe policial de Cajamarca en ese momento. El gobierno de Humala anunció recientemente que prevé destinar US$10 millones a la adquisición de equipos de protección y armas no letales para la Policía.

“Además de proveer equipos adecuados, el gobierno debería asegurar que sus fuerzas armadas conozcan debidamente las normas vigentes sobre uso legítimo de la fuerza, y dejar bien en claro que cualquier persona que transgreda esas normas deberá rendir cuentas por su actuación”, aseveró Vivanco.

Human Rights Watch también expresó su preocupación por el uso de las fuerzas armadas durante operativos de control de manifestaciones públicas. La intervención militar en actividades de tipo policial se encuentra regulada en el Decreto 1095, adoptado en 2010 durante la presidencia de Alan García. El Decreto 1095 amplía el uso de la jurisdicción militar a las “conductas ilícitas” del personal militar, y esta norma podría aplicarse para evitar que la justicia penal ordinaria intervenga en casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles por militares.

Recientemente, el Congreso peruano concedió al Presidente Humala facultades temporales para legislar sobre un amplio espectro de temas relativos al rol, la estructura y las funciones de la Policía y las Fuerzas Armadas, incluida en particular la potestad de reformar el Decreto 1095.

A partir de los resultados de la investigación en Celendín y de entrevistas exhaustivas con altos funcionarios del gobierno, Human Rights Watch identificó una serie de medidas clave que las autoridades peruanas deberían adoptar para evitar que en el futuro se aplique nuevamente la fuerza letal de manera indebida. Estas medidas incluyen:

• Investigar exhaustivamente todas las muertes de manifestantes y transeúntes, y aplicar las sanciones correspondientes si se determina que miembros de las fuerzas de seguridad han empleado la fuerza de manera ilegítima.
• Asegurar que los miembros de las fuerzas de seguridad que participen en operativos de control de manifestaciones públicas reciban entrenamiento y equipos adecuados, y conozcan las normas sobre el uso legítimo de la fuerza.
• Modificar el proyecto legislativo que autorizaría el uso de la fuerza en contravención a lo dispuesto por las normas internacionales y garantizaría la inmunidad de policías responsables por muertes ilegítimas.
• Reformar el Decreto 1095 para asegurar que el personal militar acusado de violaciones de derechos humanos contra civiles sea investigado y procesado por autoridades de la justicia penal ordinaria.