El fiscal que investiga el atentado a la AMIA, Alberto Nisman, dio a conocer un duro dictamen de 500 fojas en el cual ratifica que el modus operandi se reprodujo en numerosas operaciones terroristas, agrega pruebas contra el entonces agregado cultural iraní, Mohsen Rabbani, y denuncia la infiltración de ese régimen fundamentalista en América Latina.

En un duro y extenso dictamen de más de 500 fojas presentado en el día de la fecha, el Fiscal General de la Causa Amia, Alberto Nisman, acusó judicialmente al Régimen iraní de infiltrar varios países de Sudamérica e instalar allí Estaciones de Inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas, en consonancia con sus postulados de exportación de la revolución. Acudió para ello a innumerable cantidad de informes, diligencias probatorias, actuaciones en el país, en la región, en Europa y Estados Unidos y a sentencias judiciales emanadas de los Tribunales de dichos países, donde prueba la identidad que se verifica en los mecanismos de toma de decisión y ejecución de atentados terroristas ocurridos en distintos países y atribuidos por sentencias firmes a agentes de inteligencia iraníes.

Por primera vez, y en un hecho que no registra precedentes, se demuestra judicialmente los distintos pasos llevados adelante para lograr esa infiltración. En su presentación, el Fiscal Nisman detalla cómo opera, cómo se organiza, cuál es el entramado y cómo se oculta el terrorismo fundamentalista iraní, que ya produjo resultados devastadores en la República Argentina, estuvo a punto de producirlos hace unos años en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York -donde el complot que iba a volar todos sus tanques de combustible por parte de agentes de inteligencia iraníes residentes en Guyana y EE.UU. fue desarticulado a tiempo por las autoridades del FBI y sus autores condenados a las máximas penas de prisión‐ y existen fuertes y concordantes indicios de que dicha infiltración e instalación de estaciones de inteligencia se habría llevado a cabo en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam, el Fiscal resolvió, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Argentino en materia de Asistencia y Cooperación Judicial, al suscribir los tratados de prevención y represión del Terrorismo y los distintos tratados de Derechos Humanos, remitir copia de su dictamen a las autoridades judiciales de dichos países, a fin de que actúen en consecuencia. Requirió además a Interpol que extreme los recaudos tendientes a potenciar las medidas para lograr la detención de la totalidad de los acusados que se encuentran con pedido de captura internacional.

En su dictamen Nisman corrobora y fortalece, con nuevos elementos de juicio, la responsabilidad de las máximas autoridades de la República Islámica de Irán en el atentado contra la sede de la Amia que costó la vida de 85 personas, poniendo especial énfasis en el rol que Mohsen Rabbani tuvo no sólo en el acto terrorista sino como coordinador de esta penetración en Sudamérica y muy especialmente en Guyana, a través de su discípulo Abdul Kadir, máxima referente iraní en dicho país, ex Parlamentario y ex Alcalde de la Ciudad de Linden, hoy cumpliendo pena de prisión perpetua por su responsabilidad en el frustrado atentado al aeropuerto neoyorquino. En este punto, el Fiscal acredita, sobre la base de la profusa documentación incautada al allanarse su domicilio en Guyana, como Kadir era un discípulo de Rabbani, recibía directivas de éste, y llevó adelante la infiltración iraní en Guyana, cuya matriz resulta casi idéntica, tanto en sus componentes como en su desarrollo, con la establecida por Rabbani en la Argentina. Kadir fue preparado y adoctrinado en Teherán, y detenido en momentos en que estaba por abordar un vuelo al país persa.

También da por probado el Fiscal el marco y el contexto en el que se llevó adelante el atentado contra la mutual judía, demostrando que no se trató de un hecho aislado, sino que el ataque contra la Amia resultó ser un engranaje, una parte, de un entramado mucho mayor, dominado por una fuerte penetración iraní en la región, donde el papel de Mohsen Rabbani no se limitó sólo a la República Argentina sino que se extendió ‐sobre la base de la nueva evidencia reunida‐, a la República de Guyana, además de ser el responsable y tener a su cargo la coordinación de dichas actividades en toda Sudamérica. El fiscal logró acreditar, además, que el prófugo y máximo responsable de la conexión local, Samuel Salman El Reda, se valió de una falsa ciudadanía colombiana, para arribar de manera más sencilla a la República Argentina varios años antes del atentado, sin despertar sospechas, y ocultando su pertenencia a la organización Hezbollah, que hoy lo cobija y le da protección en El Líbano. Se demuestra también el verdadero alcance y dimensión que tuvieron tanto la Embajada Iraní en nuestro país como la Consejería Cultural a cargo de Mohsen Rabbani en la consumación e intentos de lograr la impunidad por el acto criminal cometido, al igual que la magnitud del rol que desempeñaron las empresas de cobertura iraníes para el logro de tales objetivos.

En definitiva, dicha acto terrorista, al igual que el frustrado atentado al aeropuerto JFK y los atribuidos por sentencia firme a operarios iraníes en distintos países europeos, no se caracterizó por ser una foto sino parte de una secuencia más amplia, establecida por el régimen teocrático en el Seminario de Gobierno Islámico Ideal, que reunió a principios de 1982 en Teherán a 380 clérigos de 70 países, y donde se acordó que a partir de allí, la exportación de la revolución iraní (entendida como la penetración cultural, política y religiosa, destinada a expandir una visión radicalizada del islam) se iba a realizar, cuando resultare necesario, de manera violenta y por medio de atentados. En palabras del primer comandante de la Guardia Revolucionaria de los Pasdarans, la exportación de la revolución debía llevarse adelante con “granadas y explosivos” y convocó a cada Embajada en el exterior a convertirse en una central de inteligencia.

A partir de sus conclusiones, y en el contexto de implementar lo acordado en el seminario, en cuanto a la nueva modalidad violenta de exportación de la revolución, al año siguiente Rabbani fue enviado a la República Argentina, Kadir comenzó a actuar como agente de inteligencia iraní en Guyana y, posteriormente, el clérigo Tabatabaei Einaki fue enviado a Brasil. Luego de varios años, y demostrando de manera clara que resultaron fieles ejecutores de las directivas allí impartidas, Rabbani terminó fuertemente involucrado en el atentado a la sede de la Amia, con orden de captura internacional y notificación roja de Interpol; Abdul Kadir se encuentra cumpliendo su pena a prisión de por vida por su activa participación en el complot para volar el aeropuerto Kennedy de Nueva York, y Einaki fue expulsado de Brasil un par de años luego de su llegada, al advertir las autoridades de dicho país sus actividades y vínculos con miembros de la organización terrorista Hezbollah.

Esta reiteración de conductas violentas, según logró demostrarse, no es casual. Resultó ser la exteriorización de una política radical que se vale de la utilización dual de los organismos diplomáticos iraníes, de asociaciones culturales, de beneficencia, y hasta religiosas en algunos casos, para esconder sus actividades delictivas. Es decir, organismos y asociaciones con un fin legítimo son utilizados para encubrir actividades delictivas y terroristas. En este punto, el Fiscal hace especial hincapié en el rol central que las Embajadas y los diplomáticos iraníes tienen en tales actividades y la real magnitud de la infiltración iraní y del Hezbollah en la región, acudiendo para ello a abundantes elementos probatorios, con una clara mención y categorización de los agentes de inteligencia que, con la cobertura de cargos diplomáticos, fueron enviados a distintos países de Latinoamérica, además de variada evidencia reunida tanto en Argentina como en el exterior, y que tienen como denominador común que se trata de probanzas judiciales y valoraciones efectuadas en sentencias dictadas por Tribunales de distintos países y diferentes años, las que guardan notable similitud entre sí en cuanto al accionar de los agentes iraníes, tanto los llevados a cabo en el exterior, como el que se verificó en el atentado cometido en la República Argentina, corroborando que dicha identidad obedeció al fiel cumplimiento de las instrucciones impartidas por Teherán para la región.