Periodistas y reporteros gráficos se han colocado, en los últimos meses, en el punto de mira de las fuerzas de seguridad españolas por su cobertura de manifestaciones, movilizaciones, desahucios, escraches y otras protestas crecientes en la crisis socioeconómica que atraviesa España.

Los periodistas gráficos, los profesionales más expuestos en estas coberturas, denuncian actuaciones abusivas de la Policía que los relega a posiciones de baja visibilidad para la toma de imágenes haciendo una interpretación arbitraria de la ley de seguridad ciudadana; rechaza sus credenciales oficiales y les exige chaleco identificativo para trabajar cuando este no es obligatorio, según el convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y las organizaciones profesionales; carga contra ellos en manifestaciones y protestas y les acusa falsamente de desacato y atentado a la autoridad, de lo que derivan multas y procesos judiciales que estigmatizan su función de servicio público.

Los fotoperiodistas que realizan su trabajo en la calle hacen diferencias graduales entre acontecimientos: “Cubrimos sin mayor problema altercados tras partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos, mientras que sufrimos acoso policial cuando informamos sobre movilizaciones sociales, haciéndose muy difícil trabajar en escraches y desahucios sin recibir palos y/o multas”, explica un fotoperiodista que prefiere mantener su anonimato.

Este clima de hostigamiento que denuncian tuvo su último episodio en la detención, y posterior puesta en libertad con cargos, el 23 de mayo pasado, de los fotoperiodistas Raúl Capín (Diario Digital Independiente y Mundo Obrero) y Adolfo Luján (freelance para varias agencias extranjeras), ambos acusados de atentado contra la autoridad un día después de ser requeridos en sus domicilios. Una puesta en escena que los afectados y sus compañeros de gremio consideran fuera de lugar y califican de “exagerada”. Capín y Luján fueron identificados por agentes de policía el 25 de abril, durante la acción de Rodea el Congreso, y el 23 de febrero, en el escrache al domicilio del presidente del Congreso Jesús Posada, respectivamente, pero no informados de que pesaran cargos sobre ellos. Tampoco recibieron notificación alguna de los juzgados madrileños.

Olmo Calvo, fotoperiodista freelance y XVI premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, corrobora las denuncias de sus compañeros en cuanto a la represión y el recrudecimiento sobre los fotoperiodistas que cubren acontecimientos en la calle. Calvo recuerda la situación vivida por su excompañero del periódico Diagonal, Edu León, detenido hasta en cuatro ocasiones y sancionado con una multa después de fotografiar redadas contra inmigrantes para el proyecto conjunto Fronteras invisibles, en el que ambos fotoperiodistas documentaron la inmigración en España.

Juan Ramón Robles, premio Ortega y Gasset de Periodismo Digital 2013, por el vídeo grabado durante las protestas del 25 de septiembre de 2012 de las cargas policiales en la estación de Atocha, que el reportero gráfico tituló Intimidación y acoso a la prensa, ha documentado este clima en su canal de Youtube. También la periodista de Antena 3 Soledad Arroyo resultó agredida por los escoltas de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y los miembros de seguridad del Reina Sofía, el 8 de marzo pasado. Con anterioridad, Gorka Ramos, redactor de Lainformacion.com fue apaleado y detenido por la Policía, el 4 de agosto de 2011, cuando cubría una de las manifestaciones del movimiento 15M, la Spanish Revolution, frente al Ministerio del Interior.

Cristóbal Manuel, fotógrafo del diario El País desde 1985, recuerda que este clima de hostigamiento no es nuevo. “En los noventa, cubrí de forma muy activa el movimiento Okupa en Madrid, siempre para El País”, recuerda. “Un día, durante el desalojo de un hotel abandonado en Gran Vía, recibí una brutal paliza por parte de los antidisturbios y quedé inconsciente en el suelo, con el equipo literalmente machacado, pero la versión policial fue que las heridas me las hice yo solo al resbalar”, rememora. “Nunca dudé de que fue un ajuste de cuentas: alguien en la Policía decidió que yo era molesto y me dieron un escarmiento”, concluye. “Todo esto pasó hace ya mucho tiempo”, cuenta vía correo electrónico, “pero por mis experiencias más recientes he notado que todo sigue igual y que el hostigamiento a los fotoperiodistas por parte de la Policía sigue siendo el mismo, quizá un poco más sutil y dirigido hacia los más desprotegidos, como freelances o de medios menos poderosos, pero el mismo”.

Pedro Armestre, fotoperiodista freelance bregado en mil y una coberturas, pone el asunto en cuarentena, y hace autocrítica al reclamar al colectivo de fotoperiodistas un estricto cumplimiento de la deontología profesional, al tiempo que se muestra preocupado por la multiplicación de periodistas ciudadanos en manifestaciones y protestas que entorpecen y confunden. “Para mí, la solución pasa por un número mayor de asociados para dotar de mayor fuerza a las organizaciones profesionales”, resuelve.

Gabriel Pecot, que estuvo cuatro años trabajando para Público, exige una respuesta contundente ante “este ataque a la libertad de información”, recuerda que este clima de hostigamiento no es potestad del Gobierno del Partido Popular, “pues tuvimos episodios muy graves durante la cobertura del 15M y de la JMJ en Madrid”, y cuestiona la utilidad del chaleco identificativo homologado por Interior, “que se ha convertido en una diana ante policía y manifestantes, cuando las fuerzas de seguridad demuestran cobertura tras cobertura que no respetan nuestras acreditaciones profesionales y el chaleco es una de ellas”, explica.

Este fotoperiodista freelance ha tenido que verse delante de un juez a consecuencia de su trabajo en la calle. “Durante las manifestaciones contra el techo de gasto, en septiembre de 2011, tuve en un solo día hasta tres encontronazos con la policía que me identificó y denunció por desacato y obstrucción a la labor policial”, cuenta. “Nada más lejos de la realidad”, rechaza, “y así lo dictaminó el juez resolviendo que no era culpable tras comprobar las pruebas en vídeos y fotografías y llamar la atención a los denunciantes y al fiscal por ‘hacerle perder el tiempo”. Peor suerte tuvo otro fotoperiodista de una agencia internacional, que prefiere guardar el anonimato, que fue multado con 1.500 euros por los mismos cargos durante uno de los últimos escraches en Madrid, pero que consiguió que la policía retirara los cargos contra él gracias a la mediación de las organizaciones profesionales.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV), vinculada a la primera, suscribieron en marzo de 2011 un convenio con el Ministerio del Interior para dotar a los periodistas españoles de un chaleco identificativo que les facilite la cobertura de sucesos que requieren la intervención de las fuerzas de seguridad. Desde 2009, los periodistas que cubren manifestaciones en Cataluña llevan un brazalete color butano para identificarse y evitar ser víctimas de cargas policiales, en virtud de un acuerdo similar entre el Col.legi de Periodistes y el Ministerio del Interior. Algunos periodistas y fotoperiodistas no asociados a las organizaciones profesionales que conceden estas identificaciones han comenzado a vestir diferentes tipos de chalecos en sus coberturas en la calle a fin de no ser confundidos con manifestantes y poder realizar su trabajo, pese a que no existe obligatoriedad alguna al respecto.

Uly Martín, fotoperiodista con más de 30 años de experiencia, concuerda con su compañero del diario El País Cristóbal Manuel, en que el hostigamiento policial viene de lejos -“Al menos, desde mis inicios en esta profesión, hace treinta y tantos años”- y lo atribuye a una censura encubierta -“No les interesa que se den a conocer esas imágenes, en el 99% de los casos golpean sin necesidad y lo último es dar con tu equipo en el suelo”-. Sin embargo también coincide con Pedro Armestre y llama a la responsabilidad de los fotoperiodistas que trabajan en la calle: “Puede que los fotoperiodistas de medios independientes sufran más, pero algunos tienen una actitud excesiva”, diferencia. “No te puedes poner a sacarle fotos o grabar un vídeo de las caras de los antidisturbios a menos de medio metro, no sé qué interés informativo tienen esas imágenes y, si en algún momento las necesitas, utiliza un teleobjetivo y no tienes que estar tan próximo”, explica. “Los fotógrafos de medios tradicionales no solemos llevar nada que nos identifique como tales al contrario que los de medios independientes; sin embargo, en la última gran movilización los de medios tradicionales vestimos el chaleco blanco”, señala Uly Martín.

“Si la crítica del tratamiento periodístico es legítima, las agresiones contra los periodistas que cubren manifestaciones son absolutamente intolerables”, denuncia Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras, en referencia a los ataques contra periodistas y fotoperiodistas en las recientes movilizaciones contra el matrimonio homosexual, el domingo 26 de mayo, en París. “Estos ataques representan un desprecio al debate público y constituyen una grave deriva de la democracia, por lo que deben ser denunciados”.
La organización recuerda que la función de la Policía es hacer respetar el orden público, pero también, que está obligada a proteger a los profesionales de los medios de comunicación en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, reclama a los fotorreporteros un estricto cumplimiento de la deontología profesional. Los periodistas, como cualquier ciudadano, están sujetos a derechos y obligaciones, y una de ellas, como mantienen los principales códigos deontológicos de la profesión es no tomar partido como activistas mientras realizan su trabajo.

Para elaborar esta información, han sido entrevistados más de una veintena de fotoperiodistas de los más de 900 que trabajan en España. Todos han denunciado intimidaciones y arbitrariedad en el trato que reciben por parte de la Policía, aunque algunos distinguen entre errores no intencionados y hostigamiento, al tiempo que reclaman al colectivo de periodistas gráficos un estricto cumplimiento de la deontología profesional, en aras de la neutralidad y del servicio público intrínsecos a su labor.