En lo que va de este año
, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado diez casos de inadecuada atención médica por parte de doctores y empleados de servicios públicos de salud, que con su mal desempeño provocaron la muerte de siete personas (incluyendo a una niña de 1 año y medio, y a dos gemelos no nacidos, quienes fallecieron junto con su madre), en cinco entidades de la República:
Oaxaca, Estado de México, Guanajuato, Yucatán y DF.
El inadecuado desempeño del personal de servicios públicos de salud, confirmado este año por el ombudsman nacional, dejó además a una mujer de 34 años con parálisis irreversible de sus miembros inferiores (en Oaxaca) y a un bebé con ceguera, daño cerebral permanente y epilepsia (en el Estado de México).
Entre los casos de deficiente atención médica documentados en este año por la CNDH, asimismo, se encuentran tres casos de mujeres oaxaqueñas que debieron dar a luz en la calle o en jardines de clínicas de salud, luego de que se les negara el servicio en instalaciones médicas de gobierno.
En estos diez casos de deficiente atención médica en hospitales oficiales, cabe destacar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no sólo demandó la reparación del daño causado a las víctimas o sus deudos, así como la impartición de cursos sobre respeto a garantías individuales para el personal de dichos hospitales y centros de salud, sino que también anunció el inicio de acciones penales contra los médicos involucrados, en su carácter de servidores públicos.
Con dedicatoria…
El pasado domingo, 22 de junio, médicos del sector público y privado se manifestaron en todo el país, bajo la consigna “Yo Soy 17″, para protestar por la emisión de órdenes de aprehensión contra 16 pediatras del IMSS en Guadalajara, Jalisco, acusados de provocar, por negligencia, la muerte de un menor.
Y un día después de la protesta, este lunes 23 de junio, la CNDH emitió un comunicado de prensa en el que evitó pronunciarse en torno a la inconformidad del sector médico del país, por lo que los profesionales de la salud consideran un ambiente de “criminalización” de la práctica médica y, en cambio, el ombudsman nacional puso énfasis en uno de los más recientes casos documentados de inadecuada atención brindada por personal del IMSS que, por una mala respuesta ante una reacción a una vacuna, ocasionó “ceguera total de ambos ojos”, “daño cerebral” y “epilepsia grave”, a un bebé de 9 meses, oriundo del Estado de México.
Este es un caso, destacó la CNDH, en el que se comprobó “la responsabilidad institucional en que incurrió su personal médico (del IMSS)”, por lo que, además de demandar el resarcimiento a sus padres, tramitó el inicio de una averiguación previa por parte de la Procuraduría General de la República, en contra de los médicos involucrados.
Persecución penal
En lo que va de 2014, la CNDH también ha solicitado iniciar acciones penales en contra del personal médico del Centro de Salud Rural de San Felipe Jalpa de Díaz, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, que, en dos episodios distintos, negó la atención a mujeres indígenas en fase de parto (lo que las orilló a dar a luz en los jardines de dichas instalaciones); e igual acción penal solicitó a la Procuraduría de Justicia del estado, en contra del personal del Centro de Salud Rural del municipio de San Antonio de la Cal, que también negaron atención a una embarazada, que terminó pariendo en la vía pública.
Asimismo, el ombudsman nacional solicitó a la PGR iniciar acciones penales en contra de los doctores y el personal de salud involucrados en la “inadecuada atención médica” que produjo la muerte a una niña de 1 año y medio, que presentaba cáncer, y quien falleció en el hospital general Carlos McGregor Sánchez del IMSS, en el Distrito Federal.
Otro caso en el que la CNDH solicitó a la PGR iniciar una averiguación previa contra personal médico, por inadecuada atención en un hospital de la Secretaría de Salud federal, se relaciona con la muerte de un hombre de 55 años, quien acudió al Hospital General de México Eduado Liceaga, en la Ciudad de México, por un cuadro de hemorroides, mismo que, al no ser correctamente valorado por el personal responsable, derivó en una gangrena que afectó los genitales, el abdomen y la región perianal del paciente, provocándole la muerte.
El inicio de una investigación penal, por último, también fue solicitado por la CNDH en su más reciente recomendación, girada el pasado 17 de junio en contra del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, y en el que se documenta la responsabilidad del personal de dos hospitales públicos diferentes de dicha entidad, quienes provocaron la muerte de una indígena maya con “embarazo gemelar”, así como la muerte de sus bebés en gestación. En este caso, el ombdusman comprobó que a la paciente no le fue brindado el medicamento requerido, no se le practicó una interrupción legal del embarazo, necesaria por su condición de alto riesgo, y tampoco se le sometió al tratamiento requerido ante los procesos infecciones que comenzaba a padecer, lo que ocasionó primero la muerte y expulsión de los bebés, y luego el fallecimiento de su madre.