Uno de los efectos de la lucha contra las organizaciones criminales y de tráfico de drogas fue la participación del Ejército en labores de seguridad pública, debido a la peligrosidad de estos grupos delictivos y la debilidad de las policías. Tal situación ha propiciado, entre otros efectos colaterales, violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos militares, por lo que numerosas voces, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), han pedido al Ejecutivo mexicano ajustes legales para evitar que ello suceda.

En ese sentido, la iniciativa de ley que prepara el presidente Felipe Calderón -con la cual se busca restringir el fuero de guerra y que los militares que cometan delitos contra un civil sean juzgados por tribunales civiles y no castrenses- es un paso positivo en el camino hacia un marco legal sólido tomando en cuenta la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, dos cláusulas del proyecto diluyen la fuerza del cambio hasta prácticamente aniquilarlo: el que los tribunales civiles encargados de estas tareas deban estar especializados en la materia y conformados por abogados con carrera militar en retiro o personas que tengan conocimiento de la formación castrense. Son “candados” que comprometen la reforma y reducen a su mínima expresión los alcances de la medida.

¿Por qué limitar que los jueces y magistrados civiles, conocedores del derecho penal -independientemente de que el acusado sea civil o militar-, juzguen conductas presuntamente delictivas? Limitar el juicio de militares a ex militares o conocedores del derecho militar es tanto como hacer que de nuevo quede en ese ámbito la acción de la justicia en materia de derechos humanos.

¿Por qué temer a la acción de la justicia civil? Los primeros beneficiados con juicios justos, ajenos a la sospecha de favoritismo dentro del ámbito militar serán las propias fuerzas armadas del país, que podrán así demostrar su apego a los principios de legalidad.

No se trata de desechar la iniciativa sino de refinarla y quitarle los condicionantes. Ello ayudará no sólo a que nuestro país dé un paso significativo en materia de protección de los derechos humanos, sino que protegerá a las Fuerzas Armadas, que han visto empañada su imagen debido a las malas acciones de algunos de sus miembros, dentro de una lucha que en lo general ha sido heroica y donde han caído soldados y marinos defendiendo a todos los mexicanos.

Fuente: ElUniversal.com.mx